
La poderosa respuesta de nuestra banca al gran apagón
Por Ignacio Aguirreche Schaafsma, CEO de Tiampe
El gran apagón eléctrico del pasado lunes 28 quedará sin duda señalado en rojo en el calendario de nuestra historia reciente. Los inesperados acontecimientos ocurridos en esa jornada no sólo paralizaron la rutina de millones de ciudadanos en toda la península ibérica, también sometieron a una interesante prueba de estrés a algunas de las infraestructuras críticas del país, entre ellas el sistema bancario y financiero, la sala de mandos de nuestra economía.
Sin pretender frivolizar con un hecho que para muchas personas resultó dramático, el escenario, una vez pasado el susto, invita a analizar respuestas y extraer conclusiones en torno a nuestros mecanismos de funcionamiento en situaciones extremas. El comportamiento de los bancos y cajas de ahorro, en este sentido, deja algunas lecciones de cara al futuro.
El impacto inicial derivado de la caída del suministro eléctrico nos sumió, en cuestión de segundos, en un estado de shock comercial y económico sin precedentes. La gran mayoría de los cajeros automáticos del país quedaron inhabilitados impidiendo la disposición de efectivo, una función aún vital pese al auge de los pagos digitales.
Los Terminales de Punto de Venta (TPV) de los comercios —para compras con tarjeta— también dejaron de funcionar, afectando gravemente al consumo. Las plataformas de banca online y las aplicaciones móviles, claves en la operativa bancaria moderna, se volvieron inaccesibles para la mayoría de usuarios, generando altas dosis de incertidumbre y frustración. Incluso la operativa interna de las sucursales físicas se vio seriamente comprometida, quedando activas únicamente unas pocas oficinas con sistemas de alimentación ininterrumpida y generadores.
Cuantificar las pérdidas económicas derivadas del suceso es aún una labor compleja, aunque las primeras estimaciones apuntan a cifras importantes. La CEOE, patronal que agrupa a la mayoría empresarial del país, calcula que nuestra economía perdió unos 1.600 millones de euros durante la jornada, mientras que algunos analistas elevan la cifra por encima de los 4.000 millones, lo que equivale a un día de PIB en España.
En todo caso, cabe destacar un aspecto que quizá ha pasado desapercibido para muchos. Si bien el sistema de pagos electrónicos sufrió interrupciones, las infraestructuras centrales y las redes que sostienen los pagos electrónicos se mantuvieron operativas. El problema principal se manifestó en los dispositivos terminales: datáfonos sin batería y sin conexión, en este caso debido al problema con las redes inalámbricas de alta capacidad (5G, 4G) que los dejó prácticamente sin servicio, ya que son éstas las utilizadas actualmente por prácticamente todos los dispositivos de pago y la mayoría de los móviles. Esta situación fue la que imposibilitó la realización de las transacciones comerciales.
El Banco de España hizo público que la banca electrónica mantuvo su funcionamiento habitual, permitiendo que algunos clientes —los que disponían de acceso a internet— pudieran acceder a sus cuentas con cierta normalidad. Las transferencias bancarias sufrieron algunos retrasos, aunque no se vieron paralizadas. Bizum, pese a las interrupciones derivadas de la falta de conexión, tampoco se cayó en su totalidad.
Tanto el Banco Central Europeo (BCE) como las principales entidades de nuestro país mostraron una respuesta ágil frente a una situación inédita que en sus primeras horas no se sabía cuánto tiempo podía llegar a prolongarse: se convocaron gabinetes de crisis casi en cada sede para analizar la situación y se activaron protocolos de emergencia para salvaguardar tanto la integridad operativa como los sistemas de seguridad de las entidades.
El apagón puso a examen los planes de contingencia del sector financiero español, evidenciando fortalezas y debilidades ante un contexto de crisis. Por un lado, mientras las infraestructuras centrales de los bancos exhibieron sistemas de seguridad robustos y fiables, la red periférica de servicios bancarios —cajeros y terminales— careció de un plan para sobreponerse a la caída de la red.
La poderosa respuesta general de una banca que nunca perdió el control sobre sus operativas y la seguridad de sus datos —el nivel más delicado en custodia— es digna de resaltarse. Sin embargo, también es bueno situar el foco en las vulnerabilidades expuestas y trabajar para fortalecer la resiliencia del sistema en todos sus niveles. Seguramente el apagón nos empuje a la búsqueda de protocolos que ayuden a encontrar alternativas frente a posibles nuevas caídas energéticas.
Precisamente el concepto de resiliencia está muy presente en el ecosistema bancario español en los últimos tiempos. Una de las grandes novedades que ha traído el 2025 ha sido la plena aplicación del Reglamento DORA —Digital Operational Resilience Act—, una normativa europea que obliga a bancos y empresas del sector financiero a contar con un marco efectivo ante amenazas en sus entornos digitales. En otras palabras, plantea la obligación de garantizar riesgos mínimos con una especie de ‘plan b’ frente a ciberataques o fallos que pongan en riesgo los datos de clientes y las operativas.
El apagón del 28-A ha demostrado que el trabajo exigido por DORA a nuestros bancos a lo largo de los últimos años comienza a dar frutos. Sin embargo, queda todavía camino por recorrer. Y en ese camino es importante que no toda la tarea recaiga sobre el sector financiero. Las instituciones deben involucrarse en la persecución de unos objetivos que, en realidad, son transversales y competen a la totalidad del sistema económico, no solo a las entidades. Entender este ejercicio como un reto de país resultará determinante para estar mejor preparados frente a lo que deparará el futuro.




